El rol del Estado es, en este sentido, garantizar la seguridad, en tanto que constituye un bien público. El Estado debe garantizar este derecho de forma igualitaria para todos sus ciudadanos, con el objetivo de promover los derechos humanos y los principios democráticos. La seguridad privada es un negocio que depende de la responsabilidad de los dueños y los directores de las compañías que proveen estos servicios. Sin controles y regulaciones administrativas estas compañías pueden, potencialmente, generar un riesgo al sistema democrático, o bien debilitar las instituciones democráticas de seguridad pública.

Acusaciones de mala conducta y falta de profesionalismo, o conexiones desapropiadas entre representantes de la industria de la seguridad privada y partidos políticos, grupos étnicos o paramilitares han sido manifestadas con frecuencia. Un ejemplo de ello son las atrocidades cometidas en la prisión de Abu Ghraib, donde las personas contratadas por compañías de seguridad privada responsables de tales delitos no fueron alcanzados por la ley. Las compañías de seguridad privada a menudo arman a grandes grupos de personas -que no siempre están bien entrenadas ni tienen debida conciencia del riesgo que conlleva la manipulación de las armas- que por falta de supervisión quedan librados a su arbitrio, más aún en horarios fuera de los comprendidos en la jornada laboral.

La comunidad internacional no ha logrado aún elaborar una respuesta coordinada al avance de la privatización de la seguridad. Esto ha devenido en una gran dificultad para la regulación de compañías prestadoras de servicios de seguridad privada que operan de manera transnacional. Hoy en día existen discusiones para acordar un código internacional de conducta para el sector de la seguridad privada entre organizaciones internacionales. La Unión Europea, la OTAN y la OSCE deben promover y apoyar un proceso para asegurar la adopción de estándares internacionales con el objetivo de regular la seguridad privada. Sería fundamental avanzar a nivel regional e internacional en este tema, facilitando la adopción de una respuesta internacional a cerca de cómo regular los servicios y actividades de seguridad privada.

Declaración política sobre la privatización del sector de la seguridad

Además se ha producido un manual (disponible en español y inglés) que provea a los parlamentarios la información necesaria para actuar frente a este problema nacional y mundial.

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Compañias de Seguridad Privada (Inglés, Español)

Descargar: Private security companies,  parliamentary handbook